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La iniciativa, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Valencia, pretende facilitar al visitante gestiones rápidas y autónomas.

Valencia continúa desarrollando su Plan de Sostenibilidad Turística con la puesta en marcha de 13 Quioscos Turísticos Inteligentes que se encuentran ya operativos en distintos barrios y enclaves de interés de la ciudad.

Se trata de una iniciativa lanzada desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento a través del Servicio de Turismo y la Fundació Visit València, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.    

Este miércoles, la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha acudido al Mercado de Colón para visitar uno de estos quioscos que están operativos desde este fin de semana.

‘La puesta en marcha de esta iniciativa supone una extensión digital y sostenible del modelo de atención al visitante de la Fundació Visit València, que facilita al visitante trámites rápidos y autónomos al mismo tiempo que se consigue una distribución más equilibrada de los flujos turísticos en la ciudad’, ha explicado Llobet.    

En estos nuevos puntos se podrá comprar la València Tourist Card o adquirir productos turísticos vinculados a los descuentos de esta tarjeta. Por otro lado, los quioscos turísticos digitales también ofrecen información general de la ciudad en castellano, inglés, italiano, francés, alemán y holandés, con un uso sencillo e intuitivo que refuerza la autonomía del visitante internacional, y algunos de ellos contarán con un buzón de reciclaje que permite reutilizar las tarjetas, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la economía circular.    

También permiten que los visitantes puedan recoger sus compras online, lo que reduce colas y tiempos de espera en las oficinas tradicionales, y también que se dinamice el flujo de visitantes en otros barrios y zonas donde se encuentran los quioscos. 

‘Esta nueva red de quioscos autoservicio refuerza la imagen de València como destino innovador, accesible y comprometido con la sostenibilidad, y constituye un paso decisivo en la transformación digital del servicio turístico que presta la Fundació Visit València, ampliando la disponibilidad, acercando nuevos puntos de atención al visitante y ofreciendo una experiencia más cómoda, ágil y distribuida por toda la ciudad’, ha recalcado Llobet.    

Expreso. Redacción. J.R

El Español abre hoy con una exclusiva sobre las comisiones que recibía la responsable de los rescates de la SEPI por agilizar las ayudas a determinadas empresas necesitadas de recursos por la pandemia (Rescate de Air Europa: denuncian al número 2 de la SEPI).

María Jesús Garrido y su socio Vicente Fernández, ex presidente de SEPI y persona de confianza de María Jesús Montero, pedían un 2 por ciento por facilitar créditos públicos a empresas privadas (El expresidente de la SEPI se unió a cargos de Globalia tras el rescate de Air Europa).

Según el diario de Pedro J. Ramírez, la responsable de los rescates del fondo solicitó que los contratos los firmara el hoy gestor de los Hidalgo en República Dominicana, José Joaquín Martínez, también socio de Vicente Fernández, y que en 2023 se incorporó al área de proyectos inmobiliarios de Globalia.

La documentación detalla que Garrido y Fernández canalizaban estas operaciones a través de la sociedad Allies & Altera, presentada como consultora especializada en la búsqueda de financiación pública y privada. Los contratos incluían honorarios fijos de 7.000 euros mensuales más IVA y la mencionada prima de éxito del 2% del importe de los fondos obtenidos.

En el momento de estos hechos, Garrido compaginaba la subdirección del Fondo de Reestructuración Empresarial con responsabilidades en otras áreas del holding público, además de formar parte de consejos de administración de empresas participadas. Según su perfil profesional, alternó estas funciones con actividades de consultoría hasta diciembre de 2024, cuando se desvinculó de la empresa pública.

La investigación también vincula estas prácticas con otros rescates concedidos por la SEPI, entre ellos el de Air Europa (475 millones) y el de Tubos Reunidos (112 millones). Parte de las comisiones se habrían canalizado en 2023 a través de Mediaciones Martínez SL, sociedad investigada por la Guardia Civil y actualmente denominada Promociones Ku-ma.

Vicente Fernández y otros investigados fueron puestos en libertad el pasado sábado, mientras la causa permanece bajo secreto en la Audiencia Nacional.

 

Los pilotos de un vuelo de JetBlue procedente de Curazao con destino a Nueva York tuvieron que detener su ascenso para evitar la colisión con un avión militar estadounidense que se cruzó en su trayectoria.

Según una grabación de las comunicaciones con el control aéreo recogida por CNN Español, el comandante alertó de la presencia de un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos volando a la misma altitud. “Casi tuvimos una colisión en el aire”, señaló, explicando que “pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo”, y no “tienen el transpondedor encendido, es escandaloso”.

El piloto precisó que el otro avión se encontraba a una distancia de entre “tres y ocho kilómetros”, lo que obligó a la tripulación a mantener la separación de seguridad. Tras el cruce, la aeronave militar continuó su rumbo y se dirigió hacia el espacio aéreo de Venezuela. Desde la torre de control, el controlador calificó de “indignante” la presencia de aeronaves “no identificadas” en la zona.

Posteriormente, JetBlue confirmó que ha comunicado lo ocurrido a las autoridades federales. El portavoz de la compañía, Derek Dombrowski, indicó que la aerolínea colaborará en cualquier investigación. “Nuestros miembros de la tripulación están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y agradecemos por informar de inmediato esta situación”.

 

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla está integrado por las diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos y trabaja con el objetivo de promocionar y gestionar el Canal como destino turístico de referencia.

Desde el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla se ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad en el embarcadero de Carrecalzada y en el acueducto de Abánades, ubicados en el término municipal de Melgar de Fernamental, Burgos. 

La presidenta del Consorcio del Canal y de la Diputación de Palencia y los presidentes de las diputaciones de Burgos y Valladolid —Ángeles Armisén, Borja Suárez y Conrado Íscar— han visitado los trabajos, acompañados por el alcalde de la localidad, Raúl Guantes; el diputado del Canal y Turismo de Palencia, Francisco Pérez; el diputado provincial de Burgos, Carlos Gallo y el gerente de la entidad, José Manuel Fernández.

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla integra a las tres diputaciones castellanas con el objetivo de promocionar y gestionar el Canal como destino turístico de referencia. El propósito de esta actuación es mejorar los conjuntos de Carrecalzada y del acueducto de Abánades mediante la reforma de diversos elementos y la incorporación de nuevos equipamientos que incrementen las condiciones de uso, seguridad y disfrute de estos singulares espacios naturales.

En concreto, se actuará sobre los accesos a los antiguos almacenes y su entorno inmediato, además de reorganizarse las zonas de aparcamiento. Está prevista también la instalación de alumbrado público de alta eficiencia energética, señalización renovada y un espacio cubre contenedores que mejore la integración paisajística.

En el entorno del acueducto de Abánades se sustituirá el actual embarcadero por uno nuevo y se instalarán escaleras que permitirán acceder a la base del acueducto, ofreciendo una perspectiva diferente a la habitual desde el Canal y permitiendo valorar mejor la magnitud de esta obra de ingeniería histórica.

El conjunto de este espacio se completará con trabajos de tratamiento de vegetación y actuaciones destinadas a mejorar la seguridad. El importe total de la intervención asciende a casi 92.000 euros, de los cuales 84.500 euros corresponden a la obra, y la cantidad restante se destina a la redacción del proyecto, la asistencia técnica a la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. La obra ha sido adjudicada a la empresa Viveros Pisuerga y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. 

Plan de sostenibilidad turística Canal de Castilla

En el marco del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla —integrado por las diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid— se viene desarrollando un amplio Plan de Sostenibilidad Turística en torno a este paisaje cultural, que reúne numerosos recursos e iniciativas capaces de generar dinamismo económico y potenciar actividades turísticas. 

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, dentro del Componente 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad», y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino», incluida en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026.

En el marco de este programa, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León concedió al Consorcio del Canal de Castilla una subvención directa de 2 millones de euros —mediante Orden de 11 de abril de 2024— para la ejecución del plan.

La actuación que se desarrolla en Melgar de Fernamental se integra en el Eje 1 del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con un presupuesto de 620.000 euros y orientado a mejorar el paisaje y la continuidad de los Caminos de Sirga. Su finalidad es ofrecer al visitante un mejor acceso a los puntos más emblemáticos del Canal y facilitar el tránsito peatonal y ciclista. 

El plan, estructurado en cuatro grandes programas centrados en la mejora de los Caminos de Sirga, la eficiencia energética y conservación del patrimonio, la modernización de edificios emblemáticos y el impulso promocional del Canal, cuenta ya con más de 1,6 millones de euros comprometidos, lo que supone cerca del 80 % del presupuesto total.

Entre las actuaciones destacan mejoras de accesibilidad y conectividad, proyectos de iluminación eficiente, rehabilitación de espacios históricos y el desarrollo de nuevas herramientas de promoción turística, con varias intervenciones ya finalizadas, otras en ejecución y algunas en fase de contratación.

Expreso. Redacción. A.F

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 64.055.311 de euros a la plataforma de alquiler turístico Airbnb por publicar anuncios de alojamientos sin licencia. La resolución, firmada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa tras resolverse el recurso de alzada presentado por la compañía. Las infracciones de la normativa de consumo detectadas afectan a un total de 65.122 anuncios. La decisión incluye dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a retirar los contenidos considerados ilícitos y a hacer pública la sanción impuesta. Según el Ministerio, las irregularidades detectadas afectan a un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma. La principal infracción corresponde a “prácticas comerciales desleales” hacia consumidores y usuarios, tipificadas como graves. Entre los incumplimientos señalados figura la publicación de alojamientos turísticos sin número de licencia, “contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad”. A su vez, publicar anuncios con números de registro que no se corresponden con los formatos oficiales o por publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, “incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa”. Las infracciones detectadas afectan a más de 65.000 anuncios. Fuente: Adobe Stock. Por estos hechos, Consumo ha impuesto una sanción de 64.055.311 euros, equivalente a “seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb” durante el periodo en el que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento del Ministerio y hasta su retirada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente la orden de retirada de estos anuncios en distintos autos La resolución incluye otras tres sanciones adicionales. Dos de ellas, consideradas infracciones leves, castigan la omisión de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión en los contratos celebrados a distancia y la falta de colaboración con los requerimientos de información realizados por el Ministerio durante la instrucción del expediente, ambas con multas de 10.000 euros. La cuarta sanción, calificada como grave, responde al “incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente”, y asciende a 55.000 euros. En paralelo, el Ministerio mantiene abiertos otros expedientes sancionadores en el ámbito de la vivienda contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Estas actuaciones se inscriben en la estrategia del departamento para abordar la crisis de acceso a la vivienda en España, que el propio ministro ha señalado como uno de los principales problemas del país.